Somos el Centro de la Universidad de Costa Rica para el fortalecimiento de las organizaciones de la administración pública, de la economía social y sin fines de lucro, mediante la investigación, la gestión del conocimiento, la consultoría/asesoría y la educación continua.
Medios electrónicos en la contratación administrativa: Alcances de la reforma del 27 de marzo de 2017

*Por Ana Marcela Palma Segura

En el mes de setiembre del año 2016, entró en vigencia la Ley Nº 9395, denominada “Transparencia de las contrataciones administrativas”, la cual vino a establecer, de forma obligatoria, el uso de medios digitales para toda la actividad de contratación pública regulada en la Ley Nº 7494 y en cualquier otro régimen especial.

El objetivo de la reforma fue asegurar la transparencia y la publicidad de cada procedimiento de contratación administrativa llevado a cabo por las instituciones públicas, para lo cual se hizo obligatorio el uso del “Sistema digital unificado de compras públicas” (SICOP). Este fue concebido e instaurado como el sistema centralizado —administrado por el Poder Ejecutivo— en el que se debe reproducir toda la información relativa a cada una de las etapas del procedimiento de compras.

Lo anterior significa que, tanto para iniciar y tramitar un procedimiento de contratación administrativa, como para participar en él, se deben utilizar los medios electrónicos o digitales que la plataforma SICOP facilita a los usuarios para cumplir con sus distintos roles, ya sea como proveedor de bienes y servicios o como administración contratante. Para esto, se hace obligatorio el uso de la firma digital y los medios previstos en la Ley N.° 8454, Ley de Certificados, Firmas Digitales y Documentos Electrónicos, en todos los actos que el sistema debe incorporar.

Además, la enmienda legal hizo imperativo para las instituciones, entidades y empresas del sector público que cubre, la publicación, en su propia página web, de documentos tales como:

  1. La decisión administrativa de iniciar un proceso de contratación, incluyendo los productos o servicios a contratar.
  2. Los aspectos más relevantes del cartel de licitación.
  3. Cada una de las ofertas recibidas desde su recepción.
  4. El oferente adjudicado y la motivación de la decisión final.
  5. Los términos más importantes del contrato.
  6. Cualquier otra información que se determine vía reglamento.

En esa misma línea, recientemente fue reformado el Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa para integrar al texto reglamentario los principios y disposiciones ya desarrolladas en la citada Ley.

La reforma emitida mediante el Decreto Ejecutivo Nº 40270-H, salió publicada en el Alcance Nº 68 a La Gaceta Nº 61 del pasado 27 de marzo de 2017, y vino a modificar los artículos 7 párrafo final, 11, 20 párrafo final, 42 párrafo primero, 46 párrafo segundo, 58 párrafo primero, 59, 63, 78, 93, 96, 98 párrafo tercero, 102 inciso j), 107 párrafo primero, 110 y 148 del Decreto Ejecutivo Nº33411 y se crea el artículo 148 bis.

La enmienda abarcó normas relacionadas con la publicidad de los programas de adquisiciones, la verificación del régimen de prohibiciones y las formas de rendir las garantías de participación, de cumplimiento e inclusive las garantías colaterales. Se introdujeron modificaciones en los artículos que regulan aspectos como el plazo de recepción de ofertas, la publicación y el contenido de la invitación a los concursos; la forma de presentación de las ofertas, la apertura de plicas, y la publicación de modificaciones al cartel y del acto de adjudicación. También se modificaron los artículos que regulan el procedimiento de remate, el trámite de la subasta y de la subasta a la baja electrónica.

Cabe destacar que, aunado a lo anterior, el Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa reproduce, en un nuevo artículo 148 bis, la obligación legal de transparencia, que hace mandatorio publicar la información relevante de los procedimientos administrativos de cada institución en su página web.

Finalmente, es importante tomar en cuenta que el uso de los medios electrónicos en la materia de contratación pública, deberá ajustarse a las políticas y directrices que emita la Dirección General de Administración de Bienes y Contratación Administrativa, del Ministerio de Hacienda, pues es la dependencia que ejerce la rectoría en el tema.

La reforma entró en vigencia a partir de su publicación en el diario oficial La Gaceta, el pasado 27 de marzo de 2017.


*Ana Marcela Palma Segura es licenciada en Derecho, especialista en Derecho Público y egresada de la Maestría en Derecho Público, títulos obtenidos en la Universidad de Costa Rica.

Tiene más de quince años de experiencia en Derecho público, Administrativo y Constitucional, a través del ejercicio de funciones en instituciones públicas como el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, el Instituto Nacional de Aprendizaje, la Contraloría General de la República (se desempeñó por diez años como abogada fiscalizadora) y en la Superintendencia de Telecomunicaciones; así como en el sector privado. Es consultora en el CICAP, en temas de Contratación Administrativa, donde imparte actualmente, mediante lecciones virtuales, el Módulo 4: Recursos, perfeccionamiento del contrato y refrendo, del Programa Técnico en Contratación Administrativa.