La responsabilidad social en el sector público

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La responsabilidad social es la integración voluntaria por parte de las organizaciones de las preocupaciones sociales y ambientales en sus operaciones y en sus relaciones con los públicos con los que se relaciona. Esta se caracteriza por ser un tipo de gestión ética, transparente y en la cual se da un establecimiento de objetivos compatibles con el desarrollo sostenible de la sociedad.

Su adopción ayuda al mejoramiento de los activos intangibles de las organizaciones públicas, en tanto contribuyen a la confianza de los públicos meta, la solidez de las relaciones en cadena, la licencia social para operar, la reputación de la organización y en general la sostenibilidad del proceso organizacional.

En el sector público, un buen gobierno en la administración pública requiere de disciplina, transparencia, rendición de cuentas, sentido del deber e imparcialidad; características a la que se deben sumar principios aplicables de responsabilidad social como (Melle, M. 2007):

  • Realizar un mapeo de las partes interesadas o stakeholders de la organización, incluyendo sus derechos, responsabilidades y nivel de importancia.
  • Establecer sistemas de gestión, procedimientos y políticas de remuneración que involucren a las partes interesadas y que cuenten con el compromiso de los puestos directivos.
  • Utilizar mecanismos que faciliten de manera continua e institucionalizada la participación y diálogo con las partes interesadas.
  • Regirse por principios de transparencia y rendición de cuentas. Lo que implica facilitar el acceso a información fiable, por medio de una verificación externa e independiente.
  • Respetar los derechos humanos, la diversidad y la igualdad de oportunidades.

 

La responsabilidad social de las administraciones públicas implica una gran cantidad y variedad de acciones que se apoyan en distintas metodologías, tanto a nivel macro como micro. Algunas líneas de acción básicas para su gestión y socialización son:

  • Creación de códigos éticos: son una manera de fijar y gestionar los valores organizacionales con una metodología congruente con la responsabilidad social. Se debe ser transparente con a los valores, motivaciones y alcances de acción de la organización pública.
  • Uso de cláusulas sociales: implica introducir criterios claros de selección de proveedores en los procesos de contratación administrativa. Los criterios pueden hacer referencia a aspectos tales como inclusión laboral, calidad de condiciones laborales, sostenibilidad ambiental, solidaridad territorial y la gestión ética de las entidades, entre otros.
  • Publicación de memorias de responsabilidad social: este es el método por excelencia de socialización de las actividades dirigidas a la responsabilidad empresarial. Esta describe de manera ordenada y sistemática el comportamiento corporativo y sus impactos, por medio de indicadores pautados en aspectos diversos. Es un documento público que se dirige a los grupos de interés de la organización, en el que la empresa describe sus actividades, resultados y sus impactos en los ámbitos económico, social y ambiental.

La adopción de estas y otras prácticas de responsabilidad social, además de los beneficios generados en esos tres ámbitos, otorga legitimidad a la administración pública ante la ciudadanía y otros agentes sociales. Ayudando también a la cooperación entre entidades, la transparencia y a el fomento de la corresponsabilidad de todos los involucrados en el ámbito público.