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Compliance: mecanismo para combatir la corrupción en sector público
Juan Miguel Del Cid, catedrático de la Universidad de Granada, expone sobre casos de corrupción a nivel mundial

Juan Miguel Del Cid, catedrático de la Universidad de Granada, expone sobre casos de corrupción a nivel mundial.

La Fundación para el Estudio del Lavado de Activos y Delitos (FELADE) y Centro de Investigación y Capacitación en Administración Pública (CICAP), abrieron un espacio de discusión sobre la necesidad de adoptar un gobierno corporativo en las instituciones públicas del país, para promover una cultura de transparencia dentro de las organizaciones.

Durante la exposición del catedrático de la Universidad de Granada, Juan Miguel Del Cid,   representantes del CICAP tuvieron la oportunidad de conocer más sobre las estrategias de compliance o cumplimiento regulatorio que se están aplicando principalmente en países europeos y anglosajones.

El término hace referencia a una forma de hacer política en las instituciones públicas, que va más allá del cumplimiento con la legislación nacional, y forma parte de lo que en los últimos años se ha conocido en el sector público y privado como gobierno corporativo.

El tamaño y complejidad de las instituciones públicas hace indispensable una administración ordenada y con un control riguroso sobre los fondos públicos, por lo que un gobierno que asuma la ética y el cumplimiento normativo como parte de sus principios centrales es indispensable.

Un gobierno corporativo que utilice el compliance como un mecanismo de autoregulación, construye de culturas organizacionales orientadas hacia la transparencia, fortalece los principios éticos de las instituciones y evita prácticas corruptas.

                                                               Gobierno corporativo copia              Compliance copia

Según del catedrático español, una política de compliance posee tres fases. La primera es prevenir;estableciendo un mapa de riesgos con los posibles errores y delitos que se podrían cometer dentro de la organización, realizando códigos de conducta y sistemas de cumplimiento.

La segunda es detectar malas prácticas, errores y delitos a través de mecanismos de denuncia anónimos y auditorías internas y externas. Y por último, sancionar las prácticas irregulares, dando un seguimiento a los casos identificados para garantizar la independencia y evitar la persecución de funcionarios.

“Tradicionalmente el compliance se ha aplicado a la empresa privada, sin embargo, se puede extrapolar a la administración pública para aumentar los niveles de transparencia en la gestión pública y garantizar que los dineros de los contribuyentes se están utilizando de la mejor forma”,  señaló Del Cid.