CICAP abrió espacio de discusión sobre Papeles de Panamá

Aniversario4900x394-01

En el marco de la celebración del 40 aniversario del CICAP, el Director del Semanario Universidad, Ernesto Rivera, la Directora de la Dirección General del Ministerio de Hacienda, Priscilla Piedra, la Diputada Marcela Guerrero y el Procurador de la Ética, Ronald Víquez, discutieron en el foro Papeles de Panamá: Debilidades del Sistema Tributario al Descubierto, sobre los portillos legales que se utilizan para la evasión de impuestos en nuestro país.

Durante más de dos horas los participantes expusieron sobre una de las mayores filtraciones de documentos a nivel global después de WikiLeaks, lo que, según el Director del Semanario, refleja que la información que es de interés público no se puede mantener en secreto en el contexto histórico actual.

Ernesto Rivera, Director del Semanario Universidad. Foto por Karla Richmond/ODI

Ernesto Rivera, Director del Semanario Universidad. Foto por Karla Richmond/ODI

“La investigación de los Papeles de Panamá es un proceso que aún continúa y es un reflejo del fin de la era de los secretos, donde las redes de comunicación permiten que fenómenos globales como estos tengan un impacto en diferentes partes del mundo. Si hubiésemos publicado sólo el capítulo de Costa Rica sin el contexto mundial, el Semanario hubiera sufrido más presión”, explicó el periodista.

Detallar cómo fue el proceso de investigación y análisis de datos que tuvieron que realizar los periodistas nacionales, determinar cuáles han sido los hallazgos de la Comisión Especial Investigadora Papeles de Panamá y explicar las medidas que ha tomado el Ministerio de Hacienda para contrarrestar la evasión fiscal y posicionar al país a nivel internacional como un Estado transparente, fueron los ejes principales de la discusión.

Según Rivera, los Papeles de Panamá muestran una cultura de la evasión, donde un conjunto de personas hace un esfuerzo logístico y legal para eludir el pago de impuestos. “Con la filtración pudimos ver toda la arquitectura de los negocios que no se hacen públicos. Esto implica que hay menos plata para policías, menos plata para escuelas, menos plata para la Caja”.

Durante la investigación periodística a nivel mundial, se compartieron distintas plataformas con acceso encriptado a toda clase de datos, con los documentos en los que se dilucidaba que la firma de abogados Mossack Fonseca se dedicaba a la administración de fortunas de empresas e individuos en paraísos fiscales que buscaban eludir o evadir el pago de impuestos.

Paraísos fiscales y sociedades anónimas en el límite de lo legal

Según Priscilla Piedra, Directora de la Dirección General del Ministerio de Hacienda en estos paraísos fiscales  hay baja o nula tributación que, mediante normas específicas internas, garantizan la opacidad de las transacciones, con la ausencia absoluta de registros, formalidades y controles; realidad de la que Costa Rica no distaba mucho en el año 2009, cuando fue incorporada a la lista negra de países de la  Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) , como una Jurisdicción No Cooperante y No comprometida con el Intercambio de Información. Fue hasta abril de este año que se entró a la lista gris luego de una serie de medidas.

“La realidad demostrada a través de la documentación filtrada en el Bufete Mossak Fonseca, vino

Directora de la Dirección General del Ministerio de Hacienda, Priscilla Piedra. Foto por Karla Richmond/ODI.

Directora de la Dirección General del Ministerio de Hacienda, Priscilla Piedra. Foto por Karla Richmond/ODI.

confirmar las investigaciones realizadas por la Administración Tributaria desde hace 10 años atrás, las cuales han generado incluso denuncias penales ante la Fiscalía de Delitos Económicos, Tributarios y Aduaneros”, señaló Piedra.

Asimismo, detalló que la ilegalidad de tener sociedades en paraísos fiscales podría darse, según el uso que se les dé a esas sociedades por medio de “la desviación de rentas de fuente costarricense y la disminución de renta gravable entre empresas vinculadas”.

En su exposición, la Directora detalló que el Ministerio de Hacienda empezó a seguir las pautas dictadas por la OCDE para salir de la lista negra por medio de la firma de acuerdos de intercambio de información con otros países —especialmente Panamá—, el fortalecimiento de grupos de investigación, el desarrollo del Proyecto Factura Electrónica, entre otras medidas. Sin embargo, fue enfática en señalar la necesidad de cambios legislativos por medio del Proyecto de Fraude Fiscal, el Proyecto de reforma a la Ley del Impuesto sobre la Renta y el Proyecto de reforma a la Ley del Impuesto General sobre las Ventas.

Comisión Legislativa por la vía de la no judicialización

Identificar los vacíos legales en materia tributaria que presenta nuestro país, recibir expertos en materia de recaudación fiscal nacional y conocer criterios de especialistas en temas relacionados al caso, ha sido el trabajo que ha desempeñado la Comisión Legislativa durante los últimos meses, de acuerdo a lo señalado por la Diputada Guerrero.

marcela_guerrero

Diputada Marcela Guerrero. Foto por Karla Richmond/ODI.

Para la Diputada “es una discusión que tiene carácter de modelo de desarrollo. No es un tema técnico sobre el tipo de impuesto, es un tema que se aborda en sede legislativa para discutir las formas de burlar al sistema. Esa figura legal tiene una repercusión social y hay un ánimo de engañar. Esto es de enorme interés público, hay miles de miles de millones de dólares que se escapan del sistema fiscal, y en un contexto de crisis fiscal es sumamente importante”.

Durante su intervención, la diputada señaló que entre los principales pasos a seguir están la implementación de las recomendaciones internacionales hechas por la OCDE; evolucionar hacia un sistema de renta mundial; la creación de un Registro de Beneficiarios Finales de las entidades financieras; y capacitar y especializar a las autoridades judiciales. Medidas que según la diputada “no son para judicializar, sino para romper con esta cultura de engañar por medio del marco legal”.

De igual manera, la representante del Ministerio de Hacienda indicó que “todas las maniobras que hemos visto, se presentan como si fueran lícitas, pero al final en los procesos técnicos se comprueba que hay evasión o fraude. Conociendo a la persona física detrás de cualquier estructura jurídica se podría tener claro la trazabilidad de las operaciones, así como sus implicaciones, no solo en el ámbito tributario, sino además para la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo”.

Procurador de la Ética, Ronald Víquez. Foto por Karla Richmond/ODI

Procurador de la ética, Ronald Víquez. Foto por Karla Richmond/ODI

En el cierre de la actividad, el Procurador de la Ética recalcó que “en esta cultura que ha venido a premiar las bases de los principios sociales, el acceso a la información y el manejo de los datos, es necesario revisar los vacíos legales”.

Para ver las presentaciones completas de los participantes en el foro puede visitar la siguiente página.